El 90% de las interrupciones voluntarias del embarazo se deriva a la sanidad privada
A pesar de que legislación establece que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) debe estar incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud solo el 10,1 % de las IVE se hicieron en la red sanitaria pública en 2014, lo que significa que el 89,9 % se realizan en el sector privado mediante concertación de servicios, tal y como lo expone el informe “Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España”, elaborado por Médicos del Mundo con el apoyo de 12 organizaciones de ámbito nacional e internacional. El documento igualmente señala a este respecto que “en cuatro comunidades (Aragón, Castilla León, Castilla La Mancha y Murcia) no se realizó ningún aborto dentro de su sistema público y fueron todos derivados a centros privados acreditados y concertados –incluidas clínicas ubicadas fuera de la ciudad e incluso de la comunidad autónoma de residencia-“. Asimismo, “en todas las demás, el número de las interrupciones voluntarias de embarazo registradas en los centros públicos, salvo en el caso de Baleares, es ostensiblemente inferior a las registradas en los centros privados”.
El presidente del Comité Ético de la Federación Española de Sociedades Sexológicas, Guillermo González Antón, quien fue el encargado de abordar este tema durante la presentación del informe aseguró que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo “es tremendamente complicado” y destacó que “debería formarse a los profesionales de la sanidad pública” al respecto, ya que esta fundamental labor no se ha realizado. Dentro de este marco, en el encuentro también se reflexionó sobre la objeción de conciencia en los médicos y si realmente, en cuanto se refiere a las IVE, es un tema de objeción o de evitar la realización de la interrupción por, entre otras opciones, no ser etiquetado como aquel que la realiza, por “no verse señalado como abortista” .
Sobre este aspecto, el documento presentado afirma que esta es otra de las “causas de desigualdad en el acceso a este servicio sanitario”, debido a la “falta de regulación de la objeción de conciencia, que a veces permite subrepticiamente, burlando el espíritu y la letra de la ley, que la totalidad del personal de un centro sanitario objete”. Por su parte, la miembro de Fórum de Política Feminista, Lucía Mazarrasa, lamentó la ausencia de “protocolos desde la perspectiva de género que estén homogeneizados” dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS). La aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012 “ha supuesto un retroceso para los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres más pobres, entre las que se encuentran las inmigrantes en situación administrativa irregular, no pudiendo acceder a interrupciones voluntarias de embarazos ni a medidas de planificación familiar dentro del sistema público”, como explica el informe.
- Fuente: Acta Sanitaria
